El
pasado 5 de junio de 2012, en el marco del día de Medio Ambiente, se lanzó la
Política Nacional del Medio Ambiente del año 2012. Luego de una consulta
pública que empezó el 5 de junio de 2011 y en la cual participaron 800 personas
a nivel nacional se plantearon las líneas prioritarias de acción de la Política
Nacional de Medio Ambiente. Éstas están orientadas a: revertir la degradación
de ecosistemas; revertir la insalubridad ambiental; gestionar de manera
sostenible el recurso hídrico; ordenar ambientalmente el uso del territorio;
fomentar una cultura de responsabilidad y cumplimiento ambiental; y reducir el
riesgo ambiental.
Me
parece que el esfuerzo que está realizando el Ministerio de Medio Ambiente es
válido, en el sentido en que renovaron una Política Nacional de Medio Ambiente que
no se actualizaba desde el año 2000 y en el sentido en que la gestión actual ha
alcanzado resultados que de alguna forma son esperanzadores. Por ejemplo,
durante el lanzamiento de la política en la UCA, la Viceministra de Medio
Ambiente Linda Pohl comentó por ejemplo que se ha hecho una fuerte en inversión
en equipo tecnológico, y que se han reducido los índices de contaminación
hídrica. Sin embargo, me parece que la Política Nacional de Medio Ambiente es
aún insuficiente en muchos aspectos.
Por
un lado, me parece que es cuestionable el papel de la participación ciudadana
en la elaboración de esta Política Nacional. De hecho, el número de personas
que participaron en la consulta popular no representan más que el 0.01% de la
población total del territorio salvadoreño. Este dato es lamentable, pues
considero que es necesario integrar el punto de vista de otros actores que
también están involucrados en el tema medioambiental, tal como las comunidades
locales, así como organizaciones no gubernamentales medioambientales que tienen
conocimiento del tema.
La
poca participación de la sociedad civil en la consulta pública me hace
reflexionar sobre la efectividad que podría tener el Sistema Nacional de
Gestión de Medio Ambiente (SINAMA), mecanismo de coordinación de la gestión
ambiental establecido en la Ley de Medio Ambiente para llevar a cabo la
política nacional. De hecho, este organismo está integrado por ministerios e
instituciones autónomas del gobierno central y las municipalidades, pero si el
Estado se desvinculó de la sociedad civil durante la consulta pública, ¿qué
esperar de las municipalidades a nivel local? ¿Qué esperar de una gestión
ambiental desvinculada de la sociedad civil?
Por
otro lado, en cuanto a la propuesta de gestión del medio ambiente en sí, me
parece que si bien las líneas de acción están orientadas a revertir los
problemas medioambientales centrales del país, son propuestas muy ambiciosas e
incluso muy utópicas para realizarse en una gestión de cinco años. Las líneas
prioritarias son muy amplias y no se precisan las metas ni las herramientas que
se implementarán para ejecutarlas.
Por
último, considero que la Política Nacional de Medio Ambiente presenta un vacío
en cuanto a los temas claves de contaminación que han sido objeto de controversias
sociales. Me refiero aquí a los proyectos mineros que se están buscando
impulsar en el norte del país, contribuyendo a una fuerte contaminación de los mantos
freáticos y del aire; y a la contaminación por plomo, como se dio por ejemplo en
el Sitio El Niño con la empresa Baterías Record.
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